Recursos

Esta sección pone a disposición de profesionales y estudiantes del ámbito de la evaluación recursos clave para su descarga, incluyendo manuales operativos, guías metodológicas y estándares de calidad actualizados.

  • 2025 -Guía de Evaluación de Políticas Públicas con Enfoque de Género y Derechos Humanos, Secretaría Nacional de Planificación (Ecuador)

Este documento, elaborado por el gobierno ecuatoriano con apoyo técnico de ONU Mujeres, es el primer instrumento normativo nacional en la región diseñado específicamente para romper la « ceguera de género » en la evaluación estatal. A diferencia de manuales anteriores que trataban el género como un « anexo » o un indicador aislado, esta guía reestructura todo el ciclo evaluativo (desde los TdR hasta la difusión) para que la equidad sea la lente principal, no un accesorio. Constituye una ruptura con la evaluación tecnocrática tradicional al declarar que ninguna intervención pública es « neutral »: o reduce brechas o las perpetúa. Innova al introducir herramientas prácticas para medir cambios estructurales y no solo coberturas numéricas (ej. no solo cuántas mujeres participaron, sino cómo cambió su autonomía).

Esta segunda edición revisada (2021) actualiza el marco normativo original para responder a los nuevos desafíos sociopolíticos de la región. Fruto de un proceso de relectura participativa (2017-2019), esta versión simplifica la estructura a 4 dimensiones y 20 estándares, haciendo el documento más operativo. Su principal innovación respecto a la edición anterior es la incorporación transversal y explícita de los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad, alineando la práctica evaluativa con la Agenda 2030 y reforzando su rol político en el fortalecimiento de la democracia.

Este documento es un marco normativo regional desarrollado colaborativamente para profesionalizar la práctica de la evaluación en América Latina y el Caribe. La evaluación debe ser útil (no solo académica), ética (respeto a derechos), factible (evaluabilidad) y, crucialmente, con una dimensión específica de « adecuada comprensión cultural ». Mientras otros estándares globales se centran en la técnica, este innova al poner la identidad cultural y la reciprocidad al mismo nivel que el rigor metodológico. Rompe con la visión de la evaluación como una auditoría externa « neutral » o una imposición de donantes del Norte global. Propone una evaluación situada, que reconoce las asimetrías de poder y exige devolver valor a las comunidades (reciprocidad), alejándose del extractivismo de datos. Al crear estándares propios para la región, los autores están diciendo implícitamente que los estándares importados (de EE. UU. o Europa) han fallado al no capturar la realidad latinoamericana (desigualdad, diversidad indígena, informalidad). Hay una crítica velada a las evaluaciones « de escritorio » o tecnocráticas que ignoran el contexto político y social, exigiendo ahora que el evaluador no sea un técnico aséptico, sino un actor consciente de los derechos humanos y la política. La evaluación no es un acto unidireccional de juicio técnico, sino un intercambio social que exige devolver valor (reciprocidad) a quienes entregan su información.

Esta guía, elaborada por la Red Interadministrativa de Administraciones Públicas, busca estandarizar y facilitar la evaluación en la administración española. Define la evaluación como un proceso institucional sistemático para emitir juicios de valor y generar aprendizaje, diferenciándola claramente del « seguimiento » (monitoreo) continuo. Su enfoque innovador radica en la reconstrucción de la « lógica de la intervención » como paso previo indispensable, asumiendo que muchas políticas públicas carecen de un diseño inicial claro que permita su medición directa . El documento marca una ruptura con la evaluación entendida como mera auditoría fiscal, vinculándola explícitamente a la Ley de Transparencia (19/2013) y a la necesidad de rendición de cuentas. A pesar de su búsqueda de objetividad, reconoce que la evaluación es un proceso social y político, no solo técnico. El conocimiento debe ser « construido de forma compartida y dialogada » para tener legitimidad social.

Este manual estandariza la metodología de la Oficina de Evaluación Independiente (IOE), alineándola con estándares internacionales (OCDE/CAD, ECG) para garantizar rigor y comparabilidad. Su eje central es la introducción de la Teoría del Cambio como herramienta obligatoria para entender no solo qué se logró, sino por qué y cómo se produjeron los resultados. Introduce criterios de evaluación específicos como « adaptación al cambio climático » e « igualdad de género y empoderamiento de la mujer », que ahora se califican obligatoriamente. Tambien, marca una ruptura operativa radical al abandonar la « evaluación de proyectos » tradicional para sustituirla por un sistema dual: validación de los informes de la gerencia (VIFP) y evaluación de resultados (ERP) selectiva. Esto rompe con la duplicidad de esfuerzos y desplaza recursos hacia evaluaciones más estratégicas y de mayor nivel. El texto es una respuesta estratégica a la agenda global post-2015 (ODS). Se lee una ansiedad institucional por la legitimidad: el prólogo sugiere implícitamente que, en un entorno de ayuda competitivo, si el FIDA no puede probar científicamente que su modelo de agricultura familiar reduce la pobreza, su relevancia está en riesgo. Este manuel abrió la vía para que la IOE dejara de ser un simple auditor de proyectos para convertirse en un órgano de aprendizaje estratégico capaz de cuestionar y reformar políticas corporativas enteras. 

Esta guía técnica profesionaliza la labor humanitaria al estandarizar el seguimiento y evaluación no como una auditoría final, sino como un sistema de gestión continuo e integrado. Su principal innovación es estructurar el SyE en seis pasos prácticos (desde definir el alcance y los indicadores hasta planificar el presupuesto y los recursos humanos), proporcionando herramientas concretas que disciplinan la intervención diaria. El texto marca una ruptura con la improvisación y la « cultura de la actividad » para imponer una « cultura de la evidencia », estableciendo que la rendición de cuentas hacia los beneficiarios es un deber ético y no solo un requisito del donante. Esto permitió a la FICR generar memoria institucional y dejar de repetir errores, alineándose definitivamente con la gestión basada en resultados. La guía subraya la interdependencia crítica entre diseño y evaluación; postula que un buen seguimiento y evaluación es imposible sin un Marco Lógico sólido. Si la lógica de intervención (la cadena causal de objetivos) es defectuosa desde el inicio, ningún sistema de medición posterior podrá corregir el rumbo ni medir el éxito real, convirtiendo al diseño y a la evaluación en procesos inseparables.

El texto redefine la evaluación no como un control fiscalizador, sino como un pilar del buen gobierno destinado al aprendizaje y la rendición de cuentas. Introduce un enfoque integral e innovador que abarca todo el ciclo (diseño, implementación, resultados e impacto), superando la visión fragmentada tradicional. Metodológicamente, propone un pluralismo pragmático (mezcla de métodos cuantitativos y cualitativos) y fomenta la participación de los actores interesados (stakeholders), algo inédito en la burocracia española de la época. Constituye una ruptura radical con la tradición administrativa española centrada exclusivamente en el « control de legalidad » y el « gasto presupuestario ». Desplaza el foco del cumplimiento de normas (¿se gastó legalmente?) a la creación de valor público (¿sirvió para algo?). Rompe con la inercia burocrática al exigir que las decisiones políticas se basen en evidencias científicas y no en la intuición o la oportunidad electoral. Este marco abrió la posibilidad de institucionalizar la evaluación en España (Ley 27/2022 posterior), permitiendo diagnósticos de « evaluabilidad » previos a la acción. El documento (publicado en plena crisis económica y de confianza de 2010) es una defensa estratégica del Estado: sugiere implícitamente que, ante el descrédito institucional y los recortes, solo una administración capaz de demostrar su eficacia mediante datos puede legitimar su existencia y recuperar la confianza ciudadana.

Este manual, elaborado por Domingo Comas para el Injuve, es un manifiesto por la profesionalización del trabajador de juventud. Más allá de ser una simple guía técnica, su mensaje subyacente es que la « buena voluntad » y el activismo ya no bastan: las políticas de juventud deben legitimarse con datos rigurosos para sobrevivir. El texto « desmitifica » la evaluación, rechazando la idea de que el sector juvenil necesite metodologías extrañas o esotéricas ; al contrario, defiende aplicar las herramientas estándar de las ciencias sociales con rigor. Busca empoderar al técnico de base, convirtiendo la evaluación en una competencia obligatoria de supervivencia y no en una tarea exclusiva de académicos externos. En esencia, propone pasar de la intuición al diagnóstico científico de la realidad (empleo, vivienda, salud), obligando a los gestores a demostrar que sus programas no solo « están bien », sino que son eficaces y resuelven problemas reales de la emancipación juvenil.

Este documento, el tercer volumen de la metodología de la Comisión Europea (2006), es un manual práctico para evaluar grandes proyectos y programas de ayuda exterior. Su objetivo es estandarizar los procesos para garantizar evaluaciones imparciales, de alta calidad y útiles para la toma de decisiones. La guía estructura el ciclo de evaluación en cuatro fases clave: preparatoria (redacción de TdR y contratación), documental (análisis lógico y diseño metodológico), de terreno (recolección de datos y entrevistas) y de síntesis (informe final y difusión) . Se dirige tanto a los responsables de la gestión como a los equipos evaluadores externos, definiendo claramente sus roles. Metodológicamente, se basa en siete criterios de evaluación: los cinco estándares de la OCDE (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad) más dos específicos de la UE (coherencia y valor añadido comunitario).



.